Al menos 23 personas consideradas opositoras o críticas al gobierno que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo se encuentran en condición de desaparición forzada en Nicaragua, según denunció este domingo el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
La ONG, integrada por activistas exiliados en Costa Rica, calificó esta práctica como un crimen de lesa humanidad empleado por la dictadura como un mecanismo de persecución, castigo y control. De acuerdo con el organismo, desde el inicio de las protestas antigubernamentales en abril de 2018, la represión estatal ha dejado al menos 355 personas asesinadas por fuerzas del orden y grupos paraestatales. Actualmente, el registro oficial contabiliza 60 presos políticos, entre los cuales 23 sufren ocultamiento e incomunicación total.
Entre las víctimas más recientes figura Ricardo José Mendoza Irigoyen, de 64 años, detenido arbitrariamente en enero pasado y de cuyo paradero sus familiares no han obtenido respuesta judicial ni policial. Asimismo, permanecen desaparecidos el excoronel sandinista Carlos Brenes, su esposa Salvadora Martínez —ambos arrestados en agosto de 2025— y el militar en retiro Víctor Boitano Coleman.
El organismo advirtió sobre el inminente peligro de esta práctica citando el caso del líder indígena miskito y exdiputado Brooklyn Rivera Bryan, quien falleció bajo custodia estatal el pasado 30 de mayo tras permanecer oculto por más de 970 días. Su deceso eleva a nueve la cifra de opositores muertos bajo la tutela del Estado nicaragüense en los últimos siete años.
Ante este panorama, la entidad exigió la liberación inmediata de todos los detenidos por motivos políticos, la presentación de pruebas de vida verificables y la apertura de canales regulares de contacto con familiares y defensores legales.