A partir del 18 de septiembre de 2026 entró en vigor una nueva directriz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre la inadmisibilidad por carga pública.
La disposición sustituye el marco regulatorio de 2022 y amplía el margen de evaluación de los funcionarios consulares y migratorios bajo el criterio de la totalidad de las circunstancias. El objetivo es determinar si un solicitante tiene probabilidad de depender principalmente del Gobierno estadounidense para su sustento básico.
La evaluación alcanza a quienes soliciten un ajuste de estatus mediante el Formulario I-485 dentro de Estados Unidos o una visa de inmigrante a través de un consulado o embajada en el exterior, principalmente en procesos de petición familiar o laboral.
La normativa establece excepciones para refugiados, asilados y solicitantes de asilo, beneficiarios o solicitantes de TPS, DACA, visas humanitarias U y T, así como casos amparados por VAWA.
Según la disposición, los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre de 2026 solo contemplan determinados programas de asistencia económica en efectivo y la institucionalización médica prolongada cubierta por el Estado.
Para beneficios recibidos a partir de esa fecha, los funcionarios cuentan con mayor discrecionalidad para evaluar otros programas sujetos a comprobación de recursos.
La normativa también señala que pensiones, beneficios del Seguro Social obtenidos mediante créditos laborales y seguro de desempleo no constituyen carga pública.
Entre las recomendaciones para los solicitantes figuran utilizar la versión actualizada del Formulario I-485, fortalecer el Formulario I-864 con evidencias de ingresos y, cuando corresponda, incorporar un copatrocinador.