El Salvador cerrará el 2025 bajo un régimen de excepción, implementado desde 2022 para combatir a las pandillas, tras la aprobación este martes de la 45 ampliación de la medida que suspende garantías constitucionales hasta el próximo 31 de diciembre de este año.
La prorrogación de la medida, en vigor desde marzo de 2022 y por medio de la cual se han detenido a más de 90,000 personas señaladas de pertenecer a maras, fue aprobada por la Asamblea Legislativa con los votos de 57 diputados de 60 del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y sus aliados.
Además, se señaló que "persisten remanentes activos de dichos grupos en el territorio, redes de apoyo y de prácticas criminales para su subsistencia y financiamiento que no han sido completamente desarticulada".
Esta ampliación implica que seguirán suspendidos por treinta días más el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de tres días, que pasa a quince.
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El régimen de excepción se ha venido prorrogando en este 2025 a pesar de los múltiples llamados para su derogación, ya que la medida es señalada de violentar derechos humanos, según han denunciado diversas organizaciones no gubernamentales.
La ampliación del régimen de excepción se da a pesar de que el Gobierno del presidente Nayib Bukele afirma que ha desarticulado operativamente a las pandillas.
¿Cuáles son las críticas y resultados del régimen de excepción?
El régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de ochenta personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones periodísticas señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Esta medida se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional, y que mantiene alta aprobación entre los salvadoreños.
Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de cuatrocientas muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.