Este 3 de marzo se cumplen diez años de la masacre de once trabajadores en la zona rural de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad, un hecho que marcó un antes y un después en la historia reciente de El Salvador debido al nivel de violencia ejercido por estructuras pandilleras.
El 3 de marzo de 2016, en el caserío Las Flores, once trabajadores fueron asesinados mientras realizaban labores cotidianas. Ocho de ellos pertenecían a una empresa de distribución de energía eléctrica y se encontraban instalando postes, mientras que los otros tres eran jornaleros dedicados a la cosecha de caña.
Las víctimas fueron identificadas como Carlos López Rafael, Érick Salvador Moisés Durán, Nicolás Ascencio, José Alfonso Hernández Menjívar, Marvin Iván Durán Santos, José Carlos Espinoza Beltrán, Francisco Javier Ábrego, Jerson Carlitos Carías Murcia, Jorge Alberto Colorado Cabrera, Jónathan Gabriel Castellanos Rivas y Miguel Ángel Hernández Hernández.
De acuerdo con la investigación judicial, los responsables pertenecían a la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, quienes se encontraban en la zona buscando a miembros rivales tras el asesinato de uno de sus integrantes.
Según el testimonio de un testigo protegido, identificado como “Islámico”, el crimen no fue premeditado. Los pandilleros interceptaron a los trabajadores, los trasladaron a un área apartada, los ataron y, tras el intento de escape de una de las víctimas, procedieron a asesinarlos a todos.
El proceso fue llevado por el Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador, donde la Fiscalía presentó pruebas contundentes que demostraron la participación de los acusados.
El Ministerio Público sostuvo que la evidencia demostraba sin dudas la responsabilidad de los implicados antes, durante y después del crimen.
La masacre de San Juan Opico se convirtió en un punto de inflexión para las autoridades salvadoreñas. A raíz de este y otros hechos violentos, el Gobierno implementó las denominadas “medidas extraordinarias” en el sistema penitenciario.
Estas disposiciones, activadas a partir del 1 de abril de 2016, incluyeron:
El objetivo fue debilitar la estructura operativa de las pandillas tanto dentro como fuera de las cárceles.
A diez años de la tragedia, la masacre continúa siendo un símbolo del periodo de mayor violencia en El Salvador y un recordatorio del impacto de las pandillas en la vida cotidiana.
El caso no solo dejó una profunda huella en las familias de las víctimas, sino que también impulsó cambios estructurales en la política de seguridad del país, cuyas consecuencias y efectos aún se mantienen en la actualidad.
Fuente: Infobae.