Una coalición de 17 fiscales estatales, todos demócratas, presentó este lunes su tajante oposición a una nueva norma del Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL, en inglés) que implementa una reducción significativa para los salarios de trabajadores agrícolas extranjeros que vienen al país temporalmente bajo la visa H-2A.
"La nueva norma del DOL se aprovechará de los trabajadores agrícolas al intentar rápidamente cubrir la escasez de mano de obra agrícola que se vio debilitada en gran medida por las propias políticas de inmigración del Presidente", dijo en un comunicado el fiscal de California Rob Bonta, que encabeza la coalición.
El procurador advirtió que California es uno de los mayores productores agrícolas del país y el estado se podría ver afectado por la nueva norma.
Los empleadores que participan en el programa son responsables de proporcionar vivienda y transporte, y de pagar a los trabajadores temporales un salario mínimo, que generalmente se establece mediante la Tasa Salarial de Efecto Adverso (AEWR), una metodología creada hace décadas.
La nueva norma, emitida el 2 de octubre de 2025, cambia la metodología tradicional de determinación de salarios, lo que causaría una reducción para los trabajadores con una visa H-2A a 13.45 dólares la hora para el nivel inicial, y de 15.71 para los experimentados.
Además, la regla reduce los costes de vivienda que los empleadores están obligados a pagar a los campesinos extranjeros.
Según un reciente informe del Economic Policy Institute (EPI, en inglés), más de 350,000 trabajadores agrícolas con visa H-2A podrían ver reducidos sus salarios anuales en un total de 2,000 millones de dólares o más, lo que representa entre el 26 % y el 32 % de sus salarios.
El instituto advirtió que los recortes salariales para los trabajadores con visa H-2A ejercerán presión a la baja sobre los salarios de los trabajadores agrícolas estadounidenses, reduciendo sus salarios anuales totales en aproximadamente 3.000 millones de dólares, hasta un 9 % de sus salarios totales.
Los fiscales de Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Massachusetts, Minnesota, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island y Washington se unieron a California en la presentación de una carta de comentarios en rechazo a la norma.