La decisión de Estados Unidos de excluir a Colombia del grupo de países que cumplieron sus compromisos internacionales contra el narcotráfico en el último año generó un nuevo roce diplomático, aunque no compromete de inmediato la asistencia que Washington mantiene con Bogotá.
El Departamento de Estado señaló a Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela por “incumplir manifiestamente (…) sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos”.
De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia concentra 253.000 de las 376.000 hectáreas de coca en el mundo, lo que lo mantiene como primer productor global de cocaína.
La última vez que el país recibió una descertificación fue en 1997, bajo el gobierno de Ernesto Samper, tras los señalamientos de financiación ilícita de su campaña presidencial.
Pese a la sanción política, Washington consideró que la cooperación con Colombia es “vital para los intereses nacionales de Estados Unidos”, por lo que mantendrá la asistencia cercana a 400 millones de dólares anuales. Según la AmCham Colombia, esto abre un compás de espera de hasta 12 meses para que Bogotá presente “resultados verificables”.
En la misma línea, el jefe de la misión diplomática estadounidense en Bogotá, John McNamara, declaró: “Tenemos valores comunes, democráticos, y eso sigue fijo. De nuestra parte vamos a hacer todo lo posible para luchar con el Gobierno y el pueblo colombiano contra esa amenaza global”.
El presidente Gustavo Petro criticó la medida, afirmando que la certificación es “un instrumento de dominación y poder”. Sostuvo que, pese a la decisión de Washington, los decomisos de droga en 2024 alcanzaron cifras récord.
En un mensaje en X, agregó: “El mundo necesita cambiar su política antidrogas porque ha fracasado. (…) Los EE.UU. detuvieron el crecimiento del consumo de cocaína porque se pasaron en masa al consumo de fentanilo, que es 30 veces más mortal”.
El expresidente Ernesto Samper coincidió con Petro, al señalar que la descertificación busca “estigmatizar a los países que no siguen la línea de la política exterior norteamericana”. Recordó además que Colombia ha pagado un alto costo humano: “Nadie duda de los muertos que ponemos nosotros mientras los países del norte ponen los consumidores”.
Las relaciones entre Bogotá y Washington han tenido choques durante 2025. En enero, Petro bloqueó el ingreso de aviones con deportados desde EE. UU., alegando falta de “trato digno”. La medida provocó amenazas de represalias comerciales desde la Casa Blanca, aunque luego se disiparon.
No obstante, persisten los roces por diferencias ideológicas. El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, advirtió: “No es momento de estar jugando con política ideológica electoral local, poniendo en peligro la relación con Estados Unidos”.
La AmCham Colombia pidió al Gobierno ejecutar una hoja de ruta clara con metas verificables en materia de erradicación, reducción de producción, cooperación judicial y desmantelamiento financiero de las organizaciones criminales, para aspirar a que EE. UU. reconsidere su decisión en el próximo ciclo.